Mujeres aborígenes contra el desmonte

Por Mariana Carbajal*
Con sus coloridos atuendos típicos, veinte mujeres de distintas comunidades wichí y guaraníes del departamento salteño de San Martín llegaron a Buenos Aires para amplificar su reclamo “por territorio y contra los desmontes ilegales” de bosques nativos en serranías y en las márgenes del río Bermejo, en la localidad de Embarcación, a unos 500 kilómetros de la capital provincial. Ayer entregaron un petitorio en la Corte Suprema, y denunciaron que se está violando la suspensión de la tala ordenada por el máximo tribunal el 26 de marzo, en el marco de un recurso de amparo presentado por organizaciones indígenas. “Si no se frenan la explotación maderera y la depredación del medio ambiente, se corre el riesgo de que se produzca un desastre natural similar o peor que el alud que afectó a la ciudad de Tartagal” en febrero y que causó la muerte de dos mujeres, advirtió en diálogo con Página/12 la cacica Octorina Zamora, de la comunidad wichí Honat Le’Les (Hijos de la Tierra).
El reclamo de las mujeres aborígenes salteñas cuenta con el respaldo de docentes de la UBA, entre ellas la antropóloga Eugenia Morey, que trabaja en la zona. “La tala se ha intensificado en los últimos cuatro meses alrededor de la ruta 34, en el límite de las serranías, a orillas del río Bermejo, donde están actuando empresas madereras con la complicidad de las autoridades: es imposible no ver los camiones enormes que transportan los rollos de madera y están pasando por caminos vecinales, rutas provinciales y el río Bermejo”, describió Morey a este diario.
Ayer, fuentes del gobierno salteño negaron que exista tala clandestina en la provincia. Página/12 intentó comunicarse con el ministro de Ambiente de Salta, Julio Nazer, pero no logró ubicarlo.
Las veinte mujeres que ayer se manifestaron frente al Palacio de Tribunales pertenecen a 9 comunidades wichí y guaraníes: representan a unas 600 familias, que han sido corridas en los últimos años de sus tierras por el avance de los campos sojeros y la explotación maderera, explicó Morey. “No queremos ser el granero del mundo a costa de la vida de nuestros pueblos y la muerte de nuestros montes”, enfatizó Zamora.
El petitorio que entregaron en la Corte Suprema incluye, entre otros puntos, el reclamo para que se frenen la tala y los desmontes clandestinos en el departamento de San Martín, la recuperación de tierras y territorios que históricamente ocuparon las comunidades aborígenes, y el acceso a viviendas dignas.
El 29 de diciembre, el máximo tribunal de la Nación dispuso “el cese provisional de los desmontes y talas de bosques nativos en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria autorizados por la provincia de Salta durante el último trimestre de 2007” y convocó a una audiencia pública para el 18 de febrero: entonces el ministro de Ambiente salteño defendió las autorizaciones para desmontes, mientras que los representantes de las comunidades alertaron sobre “la pérdida total de los bosques nativos en los próximos quince años”. La causa se inició a partir de un recurso de amparo presentado por 18 organizaciones indígenas contra la provincia de Salta y el Estado nacional, con relación con “un abrupto incremento en los pedidos de autorizaciones para desmonte en el último trimestre de 2007”, ante la inminente sanción de la Ley 26.331, de Protección de Bosques Nativos, que finalmente fue sancionada y se reglamentó en febrero último, tras el alud que sufrió la localidad de Tartagal.
En una medida posterior, el 26 de marzo la Corte ordenó “suspender todas las autorizaciones de tala y desmonte y su ejecución” en los cuatro departamentos, hasta tanto la provincia de Salta, en el plazo máximo de 90 días, realice un estudio de impacto ambiental, “en forma conjunta con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación” y en el que “se deberá dar amplia participación a las comunidades que habitan en la zona afectada”. Ese estudio, precisó el máximo tribunal, “deberá concentrarse en el impacto ambiental acumulativo de la tala y desmonte sobre el clima, el paisaje, el ambiente y las condiciones de vida de los habitantes”. Según informó el gobierno salteño, ese estudio fue entregado la semana pasada en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a cargo de Homero Bibiloni. Consultada por este diario, Octorina Zamora negó que las comunidades aborígenes de Embarcación hayan participado en la elaboración del estudio de impacto ambiental.
Según el fallo de marzo de la Corte, en Salta “se otorgaron autorizaciones tomando en consideración el impacto ambiental de cada una, pero no se efectuó ningún estudio sobre el efecto acumulativo de todas las autorizaciones”, pese a que “la tala y desmonte de un millón de hectáreas tendrá un efecto que no se puede ignorar”. La sentencia aplicó por primera vez en la Argentina el “principio precautorio”, por el cual se actúa antes de que los daños se manifiesten. El fallo advirtió que “se configura una situación de daño grave porque podría cambiar todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras” con “un perjuicio irreversible”.
*Pagina/12 ( 04/o8/09)

Queremos vivir libres, no encerrados en un pedazo de tierra”

miércoles 20 de mayo de 2009

La Colonia Toba La Primavera, ubicada en el departamento formoseño Pilcomayo -a 180 kilómetros de la capital provincial-, perdió miles de hectáreas en las últimas décadas a manos de criollos y organismos del Estado. Félix Díaz, dirigente de esa comunidad, dijo a Indymedia que los caciques son utilizados por el “sistema político” y denunció que un pequeño sector de indígenas del Partido Justicialista, amparados por el Gobierno provincial, se apoderó de la conducción de la Asociación Civil que representa a las 800 familias de la Colonia. La intención de una comunidad de vivir sin condicionamientos choca con amenazas de muerte y despojo territorial.

Desde el 2000 Félix Díaz realiza gestiones y reclamos en la Capital Federal para que los organismos de Nación actúen ante la pérdida de tierras de la comunidad. Su último viaje a Buenos Aires, entre fines de abril y principios de mayo, fue para denunciar la construcción del Instituto Universitario Agropecuario (IUA) en 600 has pertenecientes a la Colonia, las cuales previamente fueron “otorgadas” a familias criollas por la Provincia. Las topadoras comenzaron a actuar escoltadas por la policía el 24 de abril, desalojando a 9 familias tobas. El IUA es un proyecto acordado entre la Gobernación, la Universidad Nacional de Formosa, la Administración de Parques Nacionales (APN) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La insistencia del dirigente toba en la Capital logró el compromiso de autoridades de viajar a Formosa y conocer la situación de cerca, específicamente dos abogados del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y una abogada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Según dijeron, verificarían el despojo de tierras por parte de la Universidad Nacional de Formosa y también el “manejo turbio” vinculado a la personería jurídica de la Asociación Civil. Díaz confesó a Indymedia que se había ilusionado mucho, pero quedó muy desesperanzado al cabo de la reunión que tuvo con los funcionarios en la capital formoseña el 13 de mayo. “Me dijeron que no pueden hacer nada. Se juntaron con un grupo de La Primavera que son parte del ICA (organismo estatal provincial), los cuales dijeron que están conformes con la Universidad, con Parques y con todo. ¿Para qué representan al Gobierno Nacional?”, expresó molesto Díaz. A principios de mes el referente toba había declarado a este medio sobre la falta de reacción de los organismos de Nación para parar el accionar de las topadoras en su comunidad: “Creo que esto tiene que ver con el tema electoral. Formosa es una fuerza política justicialista muy contundente. Me parece que hay complicidad”. Génesis del despojo En diciembre de 1940 el cacique Trifón Sanabria logró que el Gobierno Nacional le reconociera 5.000 hectáreas “para ser libremente ocupadas por los miembros de la tribu”, según estipula el informe oficial citado por el antropólogo Pablo Wright. Así quedó fundado legalmente el asentamiento toba de La Primavera, ubicado en las cercanías de Laguna Blanca. Un hecho clave había sucedido 9 años antes: la llegada a Formosa del pastor evangélico británico John Church, conocido por los indígenas como Juan Chur, sobre quienes tuvo una gran influencia entre las décadas del 30’ y 50’, afirman distintas fuentes. “La estrategia del Pastor Chur era algo que nadie sabía. El de por qué los obligaba a los indígenas a abandonar su lugar para poder concentrarnos en un solo espacio. Y a través de esa idea ajena perdimos muchos territorios”, resaltó el dirigente toba Félix Díaz.Según rememoró, dos comunidades ubicadas en las localidades de El Espinillo (departamento Pilagás) y Palma Sola (departamento Pilcomayo) fueron desalojadas de sus tierras para instalarse en la naciente Reserva, que 10 años después se convertiría en Colonia, transfiriendo a su vez su jurisdicción a la Dirección de Protección del Aborigen. En 1985 el Gobierno de la provincia les otorgó a los tobas un título de propiedad de 5.187 hectáreas, a través de la Asociación Civil de la Comunidad Toba La Primavera- Pero según explicó Díaz, se entregaron tierras ocupadas por criollos y por organismos estatales, como por ejemplo el Parque Nacional del Río Pilcomayo(creado en 1951 con una superficie de 280.00 hectáreas, aunque en 1968 se redujo a 48.000). Según el referente toba el conflicto deriva de “dos títulos superpuestos para una sola laguna: el de Parques y el nuestro. El argumento que usan para justificar el despojo es que los indígenas son nuevos habitantes de esa zona, porque nuestro título es de 1985”. Díazcontó que en el 2006 le generó expectativas la aprobación de la Ley Nacional 26.610 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena, que en teoría impide los desalojos por un período de 4 años y ordena realizar un relevamiento territorial. “Pensé que era factible ampliar nuestro territorio para incluir los recursos naturales que están a nuestro lado, porque hoy no podemos cortar madera ni juntar agua. Me sentía motivado”, afirmó. Pero por el contrario, en 2007 la Provincia otorgó 2.000 hectáreas de la comunidad a descendientes de dos familias criollas. ¿Cómo se llegó a esa situación? Por un lado, “el indígena prefiere estar libre, recorrer el campo sin restricción. Legalmente nunca le interesó poder decir ‘hasta aquí llega mi tierra, esto es mío’”, explicó Félix. Por eso La Primavera tenía demarcado el territorio con mojones -postes de piedra- pero nunca se usaron alambrados. “Creíamos que así se iba a salvaguardar nuestro territorio, nos equivocamos”, se lamentó. Por otro lado, el título comunitario quedó ligado a la personería jurídica de la Asociación Civil, y ante los más de 20 años de inactividad de este espacio supuestamente representativo, el Gobierno pasó una parte de esas tierras nuevamente a manos del Estado. “Estos años que pasaron mirábamos al cacique, no entendíamos sobre las cuestiones jurídicas”. Félix Díaz reclamó que se les reconozca un territorio amplio, con los recursos para desarrollarse socialmente y poner en práctica su cultura y espiritualidad: “Vivir como somos y no encerrado en un pedazo de tierra”, resumió. Concretamente piden la restitución de las 1.500 hectáreas entregadas a los criollos y que la APN respete los derechos de la comunidad, hoy conculcados por el PN Río Pilcomayo. En ese sentido recordó que en 1940 hacían uso de 10.000 hectáreas, pero que en 1963 ya se redujeron a 5.000 y que hoy sólo tienen dominio sobre 3.000. “El Estado tiene la obligación de ceder estos territorios para favorecer la vida de un pueblo. No podemos estar encerrados en un círculo y después sufrir lentamente la falta de medicamentos que están en los montes, en las lagunas, en los campos que hoy están en las ‘áreas protegidas’”, advirtió el referente toba. Y explicó: “Cuando nos sacan estos elementos vitales nos condenan a una muerte lenta”. Díaz aseguró que muchas otras comunidades de la provincia que están pasando por la misma situación que La Primavera pero no se animan a denunciarlo. “Si dejamos que esto avance y nos callamos, va a llegar el momento de que van a pisotearnos sin detenerse. Y eso es muy peligroso”. Conflictos internos y rol de los caciques Según contó Díaz, la figura reconocida por el Estado provincial es el Cacique, pero los mismos han venido siendo utilizados por el poder político local durante las últimas décadas. Una vez que un cacique firma un compromiso con el Estado, toda la comunidad queda involucrada. “Es una figura indígena que hizo mal. A consecuencia de eso nos han hecho perder muchas cosas que anteriormente teníamos: territorio y hermandad”. El 18 de junio de 2008, una asamblea de 360 personas (el 85% del padrón electoral de La Primavera) eligió a Félix Díaz como presidente de la Asociación Civil, sin embargo laInspección General de Personas Jurídicas de Formosa impugnó la elección porque no habían asistido las autoridades necesarias para que dicho acto cobrara legalidad, como los funcionarios del Instituto de Comunidades Aborígenes (organismo estatal provincial) y un agente normalizador nombrado por esa dependencia. El 26 de junio se realizó una nueva asamblea, esta vez sí con la presencia de los funcionarios del ICA, pero con tan sólo 30 miembros de La Primavera (7% del padrón electoral). Allí eligieron al hijo del cacique como presidente de la Asociación y a un grupo de dirigentes aborígenes del Partido Justicialista como miembros de la comisión directiva. “Me impidieron ganar un espacio democráticamente. Al Gobierno no les conviene que yo esté al frente para hacer el bien a todos y no a un sector”, denunció, y pidió que el ejecutivo “valore la totalidad de la comunidad, a los chicos, al joven y a los ancianos”. La lucha por recuperar territorio está vinculada a una mayor autonomía política del sistema formoseño, que siempre se ha valido de los indígenas para hacer a su antojo. Para Félix significa “empezar a levantarnos y decir: ‘basta señores, queremos ser libres y vivir como queremos, sin imposiciones’”. Con esa manera de pensar el Poder “pierde control de las comunidades” y no puede “seguir sometiéndolas a su capricho”. Por eso “venimos sufriendo persecución de los policías, de los punteros políticos y de todo el sistema formoseño”, enumeró. Díaz y otros referentes comunitarios las denuncias les han valido amenazas de muerte y hostigamientos de distinta clase. “Dicen que soy una persona que ‘destruye la paz social de Formosa’”, comentó el dirigente toba. La última intimidación sufrida fue el 5 de mayo por la noche: mientras se encontraba en Buenos Aires tres personas armadas llegaron a su casa y dispararon al aire armas de fuego. “Es una lucha desigual. Es un poder muy grande económicamente y está muy bien organizado jurídicamente, pero me anima que soy perteneciente a un pueblo preexistente al Estado argentino”, concluyó.


Mas información: http://argentina.indymedia.org/news/2009/05/672218.php
Red Solidaria QOM.

Violación a los Derechos Humanos en El Impenetrable chaqueño.

martes 31 de marzo de 2009

La semana pasada hemos sido informados de los atropellos a las comunidades olvidadas por nuestra historia en la zona del Impenetrable. Dado a la cercanía de estos sucesos ya que nuestro trabajo es con gente que proviene de esas zonas, nos vemos con la obligación de denunciar y repudiar lo hechos de abusos cometidos a jóvenes Wichis (entre ellas menores de edad) de la localidad Misión Nueva Pompeya, donde responsables del programa PAICha cambiaba comida por sexo. Agregando la situación de las comunidades originaria de la zona donde hoy, en un siglo donde la tecnología es tan desarrollada y la brecha de comunicación tan corta, están lejos de superar la emergencia alimentaria y sanitaria. La discriminación, pobreza y exclusión, muestra de la impunidad por parte de las autoridades de Chaco.La comunidad donde se habrían cometido los abusos es Pompeya, un pueblo dentro de El Impenetrable que queda a 600 kilómetros de Resistencia. El Programa Alimentario Integral para el Impenetrable Chaqueño (PAICha), un programa de asistencia social y sanitaria que desde el año pasado recibe fuertes críticas de parte de los indígenas, cuyos funcionarios que lo llevaban a cabo eran elegidos a dedos. Los alimentos y la ropa que distribuyen a los miembros del programa son vitales ya que es una zona en extrema pobreza. Una de las jóvenes abusas había realizado la denuncia correspondiente, pero con el recordado antecedente nefasto en donde también una joven aborigen debió soportar un hecho de abuso, no fue tenido en cuenta o bien no fue tomado con la seriedad que reviste. De este modo, las comunidades Wichis eligieron a la diputada Inocencia Charole de origen Toba, denunció a los integrantes que asiste a las comunidades Wichis obligando a nenas y adolescentes a tener relaciones sexuales con ellos, a cambio de comida. Este programa, eje del escándalo fue implementado por Capitanich a poco de asumir, en respuesta a las denuncias de abandono de las comunidades indígenas de El Impenetrable, donde en los últimos años se registraron varios casos de muertes por desnutrición, tanto entre niños como entre adultos. Aun desde el gobierno provincial no hubo comentarios sobre el caso, mientras que el presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño, Orlando Charole habían planteado las quejas sobre el Plan PAICha.Los abusos del programa se vienen cometiendo desde fines del año pasado, las cuales fueron informadas por el Centro Mandela, un organismo de derechos humanos que fiscaliza la implementación de políticas públicas y manejo de presupuestos estatales y hace tres años trabaja con las comunidades indígenas de El Impenetrable. El mismo centro registró la muerte de 10 bebés indígenas por falta de atención médica en los últimos 7 meses. En los casos de las criaturas fallecidas, tenían menos de un año y que las muertes se produjeron por causas evitables, asociadas a la falta de atención médica oportuna y a la ausencia de ayuda alimentaria de supervivencia.A la aguda situación se suma el brote de dengue afecta al norte del país y en Chaco se manifiesta en cercanías de Charata. Las autoridades niegan que sea una epidemia, aunque semanas atrás hubo un escándalo al trascender el ocultamiento de datos.En consecuencia a los hechos mencionados la Corte Suprema de la Nación ordenó que elaboren en un plazo de treinta días un acuerdo de desarrollo par proveer de alimentación e infraestructura a las comunidades aborígenes. Un fallo que las obliga a proveer de agua potable, alimentos, medios de transporte y comunicación a la población del norte chaqueño, en su mayoría comunidades tobas.Ante las denuncias a las autoridades provinciales, la continuidad de la violación de los derechos humanos ocurridos en Chaco y la falta de respuesta a los pedidos de restitución de tierras heredadas por sus antepasados, hoy usurpadas por grandes terratenientes abaladas por los políticos de turnos, no debemos tolerar estos atropellos. Están desintegrando una cultura, nuestra cultura, este genocidio que de otra manera no puede ser caracterizado ocurre hoy en día gracias a la indiferencia de nuestro estado, ante la indiferencia de quines consumimos las pavadas que nos venden los medios de comunicación los mismos que nos dicen que pensar. Este silencio que viene hace mas de 500 años cometiéndose sobre las culturas originarias no puede continuar, romper con la cultura dominante para construir una verdadera identidad que nos integre, donde la palabras exclusión y pobreza sean utilizadas como un recuerdo que no tienen que volver a suceder. Romper con los lazos de la dominación no es responsabilidad de un grupo, es parte de todos y todas. Denunciar y actuar ante estos hechos, acompañar y repudiar juntos a los hermanos que fueron sacados del sistema para robarles las tierras, la cultura y la vida.Desde la indignación, la red solidaria Q´OM envía este documento ante la violación del derecho básico de vivir en paz, con dignidad y justicia social, la misma que hoy todavía se encuentra ausente.Red Solidaria Q´OM.Contacto:http://www.redsolidariaqom.blogspot.com/http://www.juventudsocialista.blogspot.com/www.fotolog.com/redsolidariaqomNatalia Rossetti: 1555950588

Solidaridad con el pueblo de Tartagal!.

Solidaridad con el pueblo de Tartagal02-11-09 El lunes a la mañana aconteció en este pueblo salteño una de las tragedias más temidas por cualquier ser humano, la mano y la desidia del hombre impulsada por un sistema económico egoísta, ambicioso, destructor y devorador. La tragedia de Tartagal no fue una catástrofe natural, la tala indiscriminada y el fin de las acequias realizadas equilibradamente durante décadas por los pueblos originarios son la causa principal de los desbordes de los ríos en la región norteña. Desde hace años provincias como Salta, Jujuy, Formosa y Chaco vienen sufriendo estas catástrofes.

Comunidades originarias y organizaciones campesinas habían rebautizado a Salta como “la capital nacional del desmonte”, que desde hace años advierten sobre las consecuencias del maltrato ambiental. En solo cuatro años, entre 2002 y 2006, el sector privado arrasó 414.934 hectáreas, más del doble registrado entre 1998 y 2002, según datos de la Secretaría de Ambiente de la Nación. En 2007 superó todas las expectativas: autorizó talar 435.399 hectáreas, según datos oficiales de la provincia. El Gobernador Urtubey aclaró que “en los últimos catorce meses no se ha autorizado talar árboles”. La ley de bosques prohíbe otorgar nuevos permisos.

El pasado 15 de Diciembre, la legislatura provincial, con mayoría oficial, aprobó el ordenamiento territorial previsto por la Ley de Bosques. Fue inmediatamente promulgada por el gobernador. Pero todas las organizaciones ambientales y comunidades originarias la rechazaron por inconsulta y por el agregado de artículos que permitirán el desmonte de al menos 1,6 millones de hectáreas.

Y es imposible hoy en día no asociar el desmonte con el monocultivo de soja, situación que aqueja a gran parte del país y la región, como Paraguay, Bolivia y hasta Brasil. Y los que más lo sufren, son siempre los mismos, los pequeños campesinos, las comunidades originarias, las poblaciones más carenciadas.

En datos concretos hasta ahora se contabilizan 10.000 afectados, 700 evacuados y 8 personas desaparecidas por la catástrofe. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, negó que la razón de la catástrofe haya sido el desmonte, la respuesta oficial al hecho fue que la gran cantidad de troncos habían sido arrancados por la tormenta, cuando los pobladores y algunos científicos que trabajan en la zona con certeza nos cuentan acerca de la tragedia que sigue sufriendo la Pachamama a mano del hombre y sus ambiciones. No cabe duda, la complicidad política y el provecho económico serán moneda corriente si la matriz económica y política no cambia en toda su esencia. La realidad de los pueblos del interior del país y por sobre todo de nuestro norte no es la misma que la de los principales centros urbanos, la discusión y la realidad es otra. Los movimientos sociales y las comunidades originarias organizadas están llevando adelante una tarea desafiante para algunos, ejemplar para otros. Los gobiernos y una buena parte de la población de esta región siguen sin reconocer, como durante los años de la colonia, a los pueblos originarios y sus derechos, sus tierras, su forma de vida originaria y su organización económica, desconocen, ignoran y muchas veces persiguen políticamente a movimientos de pequeños campesinos, y de campesinos sin tierras. Que casualidad, son justo ellos quienes buscan un desarrollo sustentable de la economía regional en armonía con el medio ambiente, son ellos quienes reclaman que no les roben mas sus tierras para desmontar y cultivar soja, son ellos quienes buscan desarrollar las fuerzas productivas en manos de cooperativas, emprendimientos, de forma colectiva, son ellos quienes ponen en riesgo las ganancias extraordinarias de los grandes pooles de siembra y por supuesto los bolsillos de los políticos que hacen lobby a estas suntuosas empresas.

Volviendo a Tartagal, la realidad es que se necesita ayuda, de nuestra colaboración, de nuestra solidaridad contra “cualquier injusticia cometida en cualquier parte del Mundo“. Pero sobre todo nuestra solidaridad y apoyo a las comunidades originarias y movimientos campesinos que vienen luchando desde hace años por sus derechos y por el cuidado de la tierra. Son ellos la voz de resistencia ante un mundo capitalista y destructivo. Hoy Tartagal intenta volver a la normalidad, sabiendo que posiblemente nada cambiará, que no recibirán respuesta alguna del gobierno provincia y con la certeza que la catástrofe no fue producto de la naturaleza, sino que es un desastre evitable, priorizar la acumulación de capital por encima de la vida humana ya no puede ser un práctica aceptada por mayoría de la sociedad.


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